La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer al secretario de Economía y al director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a fin de que rindan un informe sobre los alcances y contenido del Acuerdo Comercial Anti-piratería (ACTA).
Durante la sesión de la Comisión Permanente se aprobó el punto de acuerdo presentado por el senador del PRD Francisco Javier Castellón Fonseca, en donde también se exhortá a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se integre una subcomisión o comisión especial que dé seguimiento a las negociaciones del ACTA, a efecto de realizar una evaluación del impacto, beneficio o desventajas que podría representar para el país, y haga pública la información que reciba del Poder Ejecutivo.
Castellón Fonseca explicó que el ACTA es negociado por la Secretaría de Economía a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y la Procuraduría General de la República. No obstante, estas dependencias no han dado conocer el contenido del proyecto, debido a que han manejado un hermetismo y confidencialidad en negociaciones y la redacción del tratado.
El también Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología agregó que existe incertidumbre en las negociaciones respecto al tema de los prestadores de servicios en internet, “en el que estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones, que se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas”.
También indicó que en este acuerdo se plantea el derecho de autor en el entorno digital, la regulación en materia de propiedad intelectual de usuarios con obras protegidas, y el análisis al principio de legalidad y certeza jurídica que invoca la inocencia de toda persona hasta que no sea demostrado lo contrario.
Dijo que solo mediante por medio de documentos filtrados se ha podido conocer el contenido de las posturas de quienes realizan este proyecto, y “no se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones”, a pesar de que el IMPI ha convocado a consultas públicas las cuales no se ha realizado, ni se ha proporcionado a la Cámara Alta la información necesaria por parte del Ejecutivo sobre el contenido del ACTA.
